A mediados de los años 50, la impresionante red de viñas, bodegas, centros de fraccionamiento y comercialización que tenía la familia sucesora de Juan Giol (un pionero como los Gargantini, Toso, los Pulenta de Peñaflor, Pincolini y otros), había sido estatizada por el gobierno de Carlos Evans.
El objetivo era “poner a disposición de los viñateros sin bodega esta maquinaria bodeguera y de comercialización”. Al adquirirla en medio de una debacle financiera, el gobierno justicialista de Mendoza -antes de la Revolución Libertadora- pretendía también presionar sobre los precios del mercado de vinos, enteramente manejado por las grandes firmas.
El vino que se elaboraba en Maipú (la mayor parte proveniente de las uvas de pequeños viñateros sin bodega) en absoluta mayoría era transportado en camiones tanques a los grandes centros de comercialización y consumo (Capital Federal, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, fundamentalmente) y allí se envasaban las marcas más famosas de la “Bodega más grande del mundo” (Toro, Toro Viejo, Canciller, etc).
Eran los tiempos en que en el país se consumían 90 litros per cápita/año (hoy debemos andar por debajo de los 30) y sólo importaba la cantidad. Estaba, sin embargo, latente una lucha de la vitivinicultura regional por imponer el fraccionamiento en origen (que después conseguirían por Ley diputados de Mendoza y San Juan encabezados por José Octavio Bordón).
Pero los grandes propósitos del Giol estatal -utilizado con criterio político y de clara subvención a los pequeños productores- cayeron en la vorágine de la decrepitud, la falta de inversión y los desastrosos balances que empujaba el hecho de que debía pagar por la materia prima lo que el mercado no pagaba, que debía vender a precios que pocos vendían y porque era utilizado frecuentemente como instrumento para afrontar las crisis vitivinícolas recurrentes (allí iban a parar los vinos sobrantes y mediocres, debía vender a “precios razonables” y recibirles la uva a los pequeños productores aunque sobrara y nadie pagara nada por ella). El déficit, la deuda y la caída de sus ventas empujó paralelamente al Banco de Mendoza, soporte de sus desastres financieros.
Cuando el mismo Bordón (que había conseguido la ley de fraccionamiento en origen) la recibió al asumir la gobernación en diciembre de 1987, la “Bodega más grande del mundo” apenas si manejaba 7% del mercado, no incidía en los precios y ya no podía cumplir con su misión de asistencia a los productores sin bodegas. En esos años, el vino pasó a envasarse en origen (92% del total) y los enormes centros industriales metropolitanos fueron disipándose hasta la extinción.
Entre 1988 y 1989, el gobierno de Mendoza -como paso previo a la “privatización” de Giol- organizó 34 cooperativas vitivinícolas de pequeños productores (5.600 con viñas de hasta 15 hectáreas) y las elevó al segundo escalón empresarial constituyendo una Federación de Cooperativas (la actual Fecovita).
A esa Federación, les transfirió la Gran Bodega Giol y sus principales activos saneados, “cumpliendo el viejo propósito de que los pequeños productores tuvieran su bodega y llegaran al mercado”. Fecovita, congrega hoy a 5.200 viñateros, unas 30 cooperativas y es la empresa nacional que envasa más vino en el país (23 ó 24 millones de litros mensuales; es la 4ta exportadora)
La privatización de Bodegas y Viñedos Giol, resultó ser un gran negociado del Gobernador José Octavio Bordón y de su Ministro de Economía, Rodolfo Gabrielli. Además fue un fracaso porque no hubo inversión genuina, los compradores no aportaron capitales y fueron permanentemente asistidos por los bancos oficiales mediante créditos subsidiados.
Giol antes de ser transferida comercializaba mas de 170 millones de litros por año y después de la privatización pasó a distribuir unos 80 millones de litros anuales. Por otra parte sus valiosas marcas se desprestigiaron o desaparecieron del mercado por el mal uso de ellas. La destilería que era de Giol está cerrada.
Como bodega estatal fue una creación del peronismo en el año 1954, cuando el Gobernador Carlos Evans compró las acciones de la bodega al Banco Español y Río de la Plata, que cien años anteshabía sido fundada por Juan Giol y Bautista Gargantini.
La misión de Giol fue proteger a los pequeños productores vitivinícolas sin bodega de las maniobras monopólicas de los grandes bodegueros. Pero, como consecuencia de la crisis de la vitivinicultura que estalló en la década de 1980, dejó de cumplir con su cometido y perjudicaba a toda la comunidad.
Porque subsidiaba a los viñateros comprando caro y vendiendo barato y sus déficits eran financiados permanentemente por los bancos provinciales - tanto por el Banco de Mendoza como por el Banco de Previsión Social - que disponían de dinero barato proveniente principalmente de los depósitos oficiales y de la administración del juego.
Giol desarrollaba las siguientes actividades: elaboraba vinos finos y comunes con uvas propias o de terceros - en la vendimia del año agrícola 1987/1988 procesó 3,28 millones de quintales de uva, que equivalían al 15% del total de Mendoza y al 10% del total del país - fraccionaba y comercializaba vinos, por el equivalente al 10% del mercado nacional, elaboraba y comercializaba mostos destinados en gran parte a la exportación, elaboraba y comercializaba productos frutihortícolas envasados - tomate, durazno, ciruelas, entre otros - a través de La Colina.
Su patrimonio estaba compuesto por 5 importantes fincas, 3 bodegas - ubicadas en Maipú, San Rafael y General Alvear - la vasija vinaria compuesta por tanques metálicos y piletas con capacidad para 285 millones de litros, una planta de elaboración y concentración de mostos, una planta para el procesamiento de frutas y hortalizas con una planta de hojalata - La Colina - y 16 plantas de fraccionamiento de vino distribuidas en distintos lugares del país - 3 en Mendoza, 2 en Santa Fé, 5 en Buenos Aires, 2 en Salta y 1 en Chaco, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba - también tenía el 51% de Provica - una empresa vitivinícola binacional argentino colombiana - y una enoteca.
Para desarrollar su actividad de elaboración alquilaba unas 40 bodegas, ya que su capacidad de molienda propia era solamente de 700.000 quintales de uva. Su planta de personal estaba compuesta por aproximadamente 3.500 empleados efectivos.
Durante la campaña electoral del año 1987 el entonces candidato a gobernador Bordón decía en su fantasioso "Libro Verde" que Giol tenía que transformarse en un "instrumento fundamental del estado regulando el mercado de traslado de vinos", también afirmaba que "debía reestructurarse la empresa" y "sanearla financieramente" para reducir sus quebrantos y los subsidios que recibía ("Un plan de gobierno para todos los mendocinos", capítulo 5, página 15 y capítulo 7, páginas 3 y 4)
A su tiempo el gobernador radical Felipe Santiago Llaver, que precedió a Bordón, también había formulado un diagnóstico errado sobre las causas de la crisis vitivinícola. El afirmaba que el problema de los excedentes vínicos era generado por la falsificación de vinos que hacían los bodegueros y que intensificando los controles desaparecerían los excedentes, tesis que mantuvo hasta casi el final de su gobierno, cuando su Ministro de Economía Jorge Caloiro reconoció que la crisis provenía principalmente de los excedentes de producción y que por eso era necesario retirarlos del mercado porque deprimían los precios.
Fue entonces, que Llaver envió a la Legislatura dos proyectos de leyes: uno imponiendo cupos a los productores para vinificar y otro consistente en retirar 490 millones de litros de vino común del mercado - que equivalían al 22% de las existencias al 1 de Agosto de 1987 - mediante el procedimiento de canjear esos vinos por títulos de deuda pública provincial. Los vinos que se retiraran iban a ser desnaturalizados.
Pero Llaver casi al final de su deteriorado gobierno no pudo obtener la sanción de esas leyes. Aún así había consenso para su sanción. Bordón asumió el 10 de Diciembre de 1987 y en ese mismo mes le aprobaron las leyes promovidas por Llaver. Esas trascendentales medidas de política económica que se atribuyó el Ministro de Economía Gabrielli, en realidad fueron concebidas por su antecesor Jorge Caloiro.
Entró en vigencia la ley que dispuso desnaturalizar los vinos comunes - desnaturalización que consistía en agregarle sal al vino y transformarlos en no aptos para el consumo - y a comienzos del año 1988 Giol empezó a vender esos vinos.
Fue entonces cuando el empresario español Blas Martínez se vinculó con el Directorio de Giol comprando esos vinos para destilarlos y hacer alcohol.
Blas Martínez García, era un conocido contrabandista internacional de alcohol, que tenía como destino final México para la fabricación del tequila.
El alcohol es un producto que tiene una alta carga impositiva y aquellos que logran eludir los impuestos tienen considerables ventajas. La forma de evadir consiste esencialmente en subfacturar y triangular operaciones, es por eso que las empresas de Blas Martínez operaban desde Panamá, Nigeria o desde las Islas Canarias.
General Manuel Noriega
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En Panamá estaba vinculado al General Noriega y sus empresas en ese país fueron intervenidas después que lo depusieran y lo deportaran a los Estados Unidos acusado por tráfico de drogas. Fue entonces cuando se produjo la debacle financiera de las empresas de Blas Martínez, tal como lo reconoció mucho después su asesor legal Luis Eduardo Sarmiento García.
El "staff" de Blas Martínez estaba compuesto por: Carlos Parma, conocido dirigente de la línea naranja de Bordón y luego designado Juez de Instrucción a propuesta de Gabrielli, su hermano Norberto Parma, director de la cárcel de Mendoza nombrado por Bordón, Alfredo Romano (que con anterioridad había sido gerente administrativo de Giol) y Rolando Porolli, que venía de San Juan con un proceso de quiebra por el cual estaba inhibido y era yerno del bodeguero Pérez Lamela.
Estos personajes lo conectaron con Gabrielli, a continuación su hermano (Alfredo Gabrielli) fue designado gerente comercial de Cubas de Roble SA, una de las empresas de Blas Martínez que se apoderó fraudulentamente de casi todos los bienes que privatizó Giol.
Los negocios con el alcohol de Giol:
Carlos Parma, actualmente juez, partícipe en la estafa de Cubas de Roble con Giol
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Dada la conexión que tenía Blas Martínez en Giol, necesitaba una estructura empresaria para operar, para eso constituyó sociedades - todas eran una cáscara empresaria sin capital - y después le compró a Pérez Lamela - suegro de su colaborador Rolando Porolli - la empresa Cubas de Roble SA.
Giol comenzó la venta de los vinos desnaturalizados y los concursos los ganaban indefectiblemente las empresas de Blas Martínez(Alcoholes y Derivados Sud América SA, Martínez de Villena SA (Vinalco), Cubas de Roble SA) o bien sus testaferros Parma o Porolli, pero haciendo distintas trampas. Todas las sociedades que constituyó Blas Martínez eran verdaderas "empresas fantasmas",sin capital, que ganaban casi todas las licitaciones y el directorio de Giol les adjudicaba, sin que hubieran cumplido con el pago de las anteriores partidas.
Las exportaciones de Giol a Méjico:
Blas Martínez logró convencer a los directivos de Giol sobre las ventajas de operar conjuntamente y exportar alcohol. Y así fue como Giol exportó a Méjico alrededor de 1.000.000 de litros de alcohol mediante cuatro embarques sucesivos efectuados entre los años 1988 y 1989. Los precios por los cuales se vendieron esas partidas fueron ridículos, menos de la mitad de los precios de plaza, es por eso que el entonces Senador Raúl Vicchi de la UCR presentó un pedido de informes que aprobó e hizo suyo el Senado provincial.
Para demostrar el precio vil y la subfacturación que había en esas operaciones de exportación, Vicchi aportó datos de idénticas exportaciones efectuadas al mismo comprador Pedro Domec, cuyo representante era Blas Martínez, en la misma fecha y en el mismo embarque. El cuadro comparativo que elaboró para fundamentar su pedido de informes fue el siguiente:
Empresa Vendedora
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Precio Unitario
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Cantidad
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Destino
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Duperial
Hiram Walker
Cubas de Roble
Cubas de Roble
Giol EEIC
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0,384
0,433
0,261
0,261
0,123
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1.500.000
2.000.000
400.000
1.460.000
500.000
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EEU.U.
Méjico
Méjico
Méjico
Méjico
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Solamente por la diferencia de precios entre el valor por el que exportó Giol y el precio promedio de esas operaciones, en ese embarque la empresa estatal dejó de percibir alrededor de 200.000 dólares.
Eduardo Ramón Sancho
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El Presidente de Giol, Eduardo Ramón Sancho, y su Vicepresidente, Mario Alberto Flamarique, afirmaron que en realidad el precio no eran los 12 centavos de dólar que figuraban en la carta de crédito, sino que la venta había sido por 38 centavos y que la diferencia de precio obedecía a un inexistente "fassón". El Senado de la provincia los emplazó a enviar una completa rendición de cuentas documentada.
Para respaldar el invento del "fassón", enviaron documentación falseada (facturas sin numerar, notas de débito con números puestos a máquina o con letras añadidas a continuación de la numeración correlativa e inclusive con agregados "bis" en otras, notas de débito a nombre de una empresa y la misma nota de débito a nombre de otra y firmadas por personas distintas) tampoco enviaron los comprobantes de los supuestos fletes pagados. Como la maniobra quedó al descubierto, entonces ingresaron a Giol la diferencia de precio.
Pero al momento de celebrarse la operación estaba prohibido cambiar divisas en el mercado libre y se estaban violando normas aduaneras. Sancho dijo que "la totalidad de los montos ingresaron a Giol, parte liquidados por el mercado oficial y parte por el mercado libre", para agregar que "toda la operación se adecuaba a las normas vigentes del Banco Central" e inclusive que "la operación fue autorizada por la Administración Nacional de Aduanas".
Legislatura Provincial
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En el Senado se constituyó una "Comisión Especial Investigadora", que resolvió formular denuncias al Fiscal de Estado, al BCRA y a la Administración Nacional de Aduanas por "subfacturación en el valor de las mercaderías exportadas" y por "posibles infracciones al régimen cambiario vigente a la fecha de esas operaciones".
Giol le contestó a la Aduana, que se expidió fecha el 15 de Febrero de 1989 mediante un informe de Miguel Ballat, verificador de la División Valoración, referido al permiso de embarque N° 12.089/89 de Bodegas y Viñedos Giol EEIC, que decía "consultada la firma argumenta que vende a u$s 0,123 por litro porque la operación fue concretada con fecha 29 de Julio de 1988 y que se trata de un saldo de dicho crédito", o sea nada que ver con el fassón que habían argumentado.
La administración de Giol por Bordón:
Corría el año 1988, Giol se endeudaba cada vez más y de seguir esa tendencia peligraba el Banco de Mendoza que la financiaba.En esa temporada Giol encaró irresponsablemente el proceso de elaboración vínica y frutihortícola mas importante de toda su historia y además lanzó un operativo de compra de 2 millones de hectolitros de vino financiado por el Banco de Mendoza.
José Octavio Bordón y Rodolfo Gabrielli
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Bordón había recibido Giol con un pasivo total de u$s 21.900.000 y cuatro meses después (Abril de 1988) la deuda era de u$s 41.100.000, básicamente con el Banco de Mendoza.
En Febrero de1988 Gabrielli anunció que Giol le cancelaba el 25% de su endeudamiento al Banco de Mendoza con la entregasobrevaluada de tres propiedades (la finca "La Vinlandia" en Maipú, la planta de fraccionamiento en Mar del Plata y una casa en Buenos Aires).
En Julio de1988 Giol le entregó al banco, también sobrevaluados, productos elaborados por La Colina, por 3,5 millones de dólares. De esa forma dijeron que cancelaban el 30% de la deuda.
Mientras tanto Gabrielli se dedicó a organizar cooperativas de viñateros con créditos de los bancos oficiales. Creó mas de 40, entre otras la cooperativa Ugarteche, integrada por sus familiares, cuyo gerente general era Mario Gabrielli, que estafó en más de 4 millones de dólares al Banco de Previsión Social 
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En Agosto de 1988 se filtró el borrador de un convenio entre Giol y una desconocida empresa llamada Fecovita (Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas) por el que le vendían Giol a un precio irrisorio, libre de pasivos. Sancho, presidente de Giol, había sido hasta antes de asumir presidente de Fecovita y seguía asociado a esa cooperativa.
En Noviembre de 1988 el pasivo de Giol había llegado a 66 millones de dólares, o sea que en 11 meses Bordón triplicó la deuda.
El proceso de privatización:
César Mosso, avaló la privatización
de Giol por decreto de Bordón
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La Constitución de Mendoza establece taxativamente que es facultad privativa del Parlamento provincial disponer la enajenación de los bienes públicos. Pero un dictamen del Asesor de Gobierno, César Mosso, interpretó que como el Directorio de Giol tenía facultades para comprar y vender bienes de cambio por ende podía vender las instalaciones, los activos fijos e inclusive toda la empresa, que era nada menos que la bodega mas grande del mundo, cuyos valores contables superaban los 100 millones de dólares y la de mayor gravitación en la principal actividad productiva de Mendoza.
Los Diputados (PJ) Clemente Montaña y José Segovia presentaron un proyecto en el que se le hacía un agregado a la ley de creación de Giol, disponiendo que la venta total o parcial de la empresa solo podía ser autorizada por ley. El proyecto tuvo media sanción de la Cámara de Diputados.
Unos días después de haber aprobado la Cámara de Diputados la obligatoriedad de vender Giol por ley, Bordón dispuso por decreto el desmembramiento de Giol en varias "unidades estratégicas" que debían licitarse en 150 días, excepto la "Unidad Destilería", que curiosamente podía ser vendida o alquilada.
La Cámara de Diputados por unanimidad, inclusive con el voto de la bancada Justicialista, en la sesión del 30 de Noviembre de 1988 dictó una Resolución oponiéndose a la venta de Giol por decreto. Días después la Cámara de Senadores le dió sanción definitiva a la ley que le daba intervención a la Legislatura en la venta de los bienes de Giol, que fue vetada por Bordón.
Los "negocitos" con las latas de tomate:
Giol tenía una planta elaboradora de conservas llamada La Colina, ubicada en San Rafael. Bordón independizó su administración pasando a ser manejada por un"Comité de Gestión", comandado por el vicepresidente de Giol Mario Alberto Flamarique y por el director Omar Alvarez.
Al poco tiempo de operar, la Cámara de Comercio de San Rafael denunció que estaban vendiendo latas de tomate al natural a menos de la mitad de precio. Tomó intervención el Senado Provincial y se constituyó una "Comisión Investigadora".
La denuncia fue que Flamarique y Alvarez habían vendido las latas de tomates a razón de 10 australes cada una, cuando ese era el valor de la lata vacía, y que habían sido financiadas sin intereses, en plena época de hiperinflación.
Efectivamente, el 2 de Mayo de 1989 habían liquidado la totalidad de la producción de La Colina y concretaron ventas por mas de 1,2 millones de dólares, a menos de la mitad de su precio de mercado.
La "Comisión Investigadora" del Senado se trasladó a San Rafael donde se realizó una sesión en el Consejo Deliberante, a la que fueron citados a declarar Flamarique y Alvarez, que no se presentó porque el día anterior había renunciado por "teléfono" a Sancho, por "razones particulares" (diario Los Andes 18-8-1989),siendo que era director electo y que su renuncia debía formalizarla por escrito ante la Legislatura y permanecer en funciones hasta que le fuera aceptada.
Alberto Flamarique
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Flamarique dijo que los bancos oficiales les habían solicitado limitar el descubierto y por eso que tuvieron que salir a vender para hacerse de fondos y cubrir las cuentas bancarias. Pero le demostraron que el día que resolvieron vender, facturaron la mercadería y confeccionaron los remitos con una celeridad asombrosa, cuando la venta ya estaba hecha a personas que no eran clientes habituales de La Colina, que no consultaron los precios de plaza y que lo facturado era menos de la mitad del precio de plaza en ese entonces, a un valor que no si siquiera cubría el costo del envase, a largo plazo sin intereses. Flamarique respondió que "tuvieron que vender en el mismo día y por eso no pudieron averiguar los precios del mercado" y que "los plazos los dieron para hacerse de cheques a fecha y así llevarlos al banco para cancelar descubiertos".
También le demostraron que si el propósito fue cubrir el descubierto, era imposible hacerlo vendiendo y cobrando con cheques a fecha, que el descubierto lo podrían haber cancelado negociando las cartas de crédito que tenían en cartera por operaciones de exportación a las firmas Campbel de los Estados Unidos y a Méjico a través de la empresa Vizcaíno de San Rafael, y que por otra parte en esa época el Banco Central prefinanciaba las operaciones de exportación.
Además le mostraron que en ese momento La Colina tenía importantes sumas depositadas a plazo fijo y que la cuenta del Banco de Previsión tenía saldo acreedor y en adelante no tuvo saldos deudores, por lo que resultaba falsa la necesidad de cubrir descubiertos.
A continuación cuando lo interrogaron sobre las ventas de tomates hechas a Precursor, dijo "no conocer a la empresa pero que las operaciones con ella habían sido normales". Precursor era de Antonio Buostani y Guillermo Boustani, primos de la esposa de Omar Alvarez.
Las conclusiones de la "Comisión Investigadora" fueron declarar que las operaciones adolecían de graves irregularidades, causando grandes perjuicios económicos a La Colina y consecuentemente al patrimonio de la provincia de Mendoza, que ante la presunción de la comisión de delitos se giraban las actuaciones a la justicia del crimen y también al Fiscal de Estado de la provincia, Efraín Quevedo Mendoza.
El Fiscal de Estado se expidió al día siguiente de recibir las actuaciones, resolviendo que "las operaciones habían sido normales" y que "no habían incurrido en hechos ilícitos ni tampoco en inconductas que atenten contra la buena administración de los intereses del estado", agregando que "continuaría investigando la actuación de Omar Alvarez" (diario Los Andes 25-4-1990), quién quedó indemne.
Bordón le aceptó la renuncia de Alvarez, quién era el representante en General Alvear de su agrupación política "Naranja"reconociéndole los servicios prestados y Flamarique continuó siendo vicepresidente de Giol, hasta que finalizó la privatización. Luego le crearon un cargo de Subsecretario de Gestión y Control en la Secretaría General de la Gobernación.
Poco después Precursor inauguró una fábrica de concentrado de frutas, a la que asistió Bordón.
La licitación de la Destilería de Giol:
La destilería de Giol, ubicada en el distrito Gutiérrez en el departamento Maipú, estaba compuesta por una destilería nueva - para procesar vinos y borras fluídas - y otra antigua - para procesar orujo y borra sólida - silos, depósitos de alcohol, una fábrica de tartrato, calderas y un depósito de materia prima, todo en perfecto estado de funcionamiento.
Bordón cuando ordenó la venta de los bienes de Giol, al referirse a la destilería dispuso que podía ser vendida o alquilada, y en función de eso, el Directorio de Giol llamó a licitación pública para la venta. Pero a continuación le alquilaron la destilería en forma directa a Cubas de Roble.
En la licitación se presentaron cuatro empresas, tres de Blas Martínez (Martínez de Villena, Alcoholes y Derivados Sud América y Cubas de Roble), el otro oferente fue Destilería San Juan SA. Las empresas de Blas Martínez se presentaron asociadas de distinta forma entre sí. Eso fue impugnado por Destilería San Juan porque no aportaron los contratos de asociación entre ellas.
Martínez de Villena ni siquiera estaba constituida, era una sociedad en formación que no tenía personería jurídica, ni estaba inscripta en el Registro Público de Comercio, ni aportó balances, ni tenía antecedentes vinculados con la actividad, ni tampoco acompañó la garantía de la propuesta. Cubas de Roble fue impugnada por similares causales.
El pliego establecía, para el caso de integrar grupos económicos, debían formalizar una UTE (Unión Transitoria de Empresas) y que cuando la oferta fuere de un conjunto de sociedades debían agregar la documentación que acredite la asociación.
El mismo día de la impugnación Parma llevó una nota aclarando que cada empresa se presentó en forma individual, que por esa razón no acompañaron los contratos entre las empresas y que la vinculación entre ellas era por ser "avalistas", lo cual era falso.
Para justificar esas inexactitudes, el Directorio de Giol dijo que "en realidad esa era una sociedad de hecho entre Rolando Porolli y Blas Martínez", lo cual era igualmente falso.
Para evaluar las propuestas habían creado una "Comisión de Preadjudicación", en la que estaba el Contador Alfredo Vicchi, en ese entonces gerente financiero de Giol y que después pasó a ser gerente general de Fecovita, luego fue adjudicataria junto con Cubas de Roble de las plantas y de las marcas de Giol.
Para acreditar la solvencia patrimonial - que era un requisito esencial - Martínez de Villena aportó sólo un inventario denunciando bienes por 3.546 dólares,Alcoholes y Derivados no proporcionó información alguna y Cubas de Roble aportó dos balances al 30 de Junio de 1986 y al 30 de Junio de 1987 con una pésimasituación patrimonial y resultados negativos.
La "Comisión de Preadjudicación" tampoco dijo nada sobre las importantes deudas (mas de 350.000 dólares) que tenía Cubas de Roble con Giol por los vinos para destilar que había adquirido. Ni se expidió sobre su solvencia patrimonial.
Dada la paridad el Directorio de Giol llamó a mejorar las ofertas y le dieron plazo a las empresas de Blas Martínez para que aportaran la documentación faltante, abriendole de esta forma una nueva e ilegal instancia, documentación que por otra parte no presentaron.
La propuesta de Cubas de Roble fue por u$s 639.000 mas IVA. Pero el precio base establecido para la licitación era equivalente a u$s 709.047, no obstante le adjudicaron. Bordón nunca resolvió el recurso de apelación presentado por Destilería San Juan.
El pliego de la licitación detallaba una serie de obras que debía realizar obligatoriamente el adjudicatario, que nunca realizó ni le fueron exigidas. Además debía constituir seguro sobre la planta y un seguro de caución para garantizar la ejecución de las obras comprometidas, que no concretaron ni les fueron reclamados.Como única garantía de cumplimiento del contrato le aceptaron una prenda sobre una caldera de la destilería por un valor equivalente a u$s 60.000. Ni siquiera le exigieron una hipoteca sobre el inmueble.
Estado actual de la destilería de Giol
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Cubas de Roble procedió a desmantelar la planta y despedir al personal, le habían cortado el agua y el gas por falta de pago, razón por la cuál el Senador Gustavo Gutiérrez presentó un pedido de informes en la Legislatura.
Respondieron distintos funcionarios desmintiendo los hechos y Cubas de Roble publicó una gran solicitada negando la situación. Pero una visita a la planta corroboró los dichos de Gutiérrez (diario Los Andes del 27-2-1991). No obstante, el Directorio de Giol no hizo nada.
Situación jurídica de Cubas de Roble SA:
Blas Martínez le había comprado el paquete accionario de Cubas de Roble SA a Alberto Pérez Lamela en Octubre de 1988. Pero esta empresa es continuadora de Apelco SA, constituida en el año 1961, en el 8° Juzgado Civil, Comercial y Minas de Mendoza e inscripta bajo el N° 341, folio 282 del tomo 19 A del Registro Público de Comercio y al N° 10.629, a fs. 229 del tomo 20 del Registro de Sociedades Anónimas.
Apelco SA se había presentado el 18 de Febrero de 1981 en concurso de acreedores, que se tramitó en el 8° Juzgado Civil (Expediente N° 48.905 caratulado "Apelco SA Bodegas y Viñedos p/Concurso Preventivo" y anotado bajo el N° 63 a fs. 67 del tomo 1 de Concursos Preventivos).
Tiempo después, tal como consta en el legajo N° 601 del Registro Público de Comercio perteneciente a Apelco SA, por Acta de Asamblea del 27 de Diciembre de 1984, trámite efectuado en el Expediente N° 70.703 del 8° Juzgado Civil, la sociedad cambió su nombre por el de Cubas de Roble SA, modificación que fue aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 3.969 del 30 de Diciembre de 1985. El cambio de denominación social fue inscripto en el Registro Público de Comercio bajo el N° 10.629, a fs. 77 del tomo 2 de Modificaciones de Sociedades Anónimas. Esto significa que Cubas de Roble SA era continuadora de Apelco SA, que como vimos estaba en concurso preventivo.
A su vez en el expediente del concurso preventivo, se declaró finalizado y el juez ordenó el levantamiento de las inhibiciones a Cubas de Roble SA, recién el 1 de Abril de 1991.
Esto quiere decir que Cubas de Roble, tanto al momento de la apertura de la licitación, como al de la adjudicación de la destilería de Giol, estaba en concurso de acreedores e inhibida.
La licitación de las Plantas y de las marcas de Bodegas y Viñedos Giol:
Las plantas de fraccionamiento y de comercialización de Giol, o sea el corazón de la empresa, constituían la parte mas sustanciosa del negocio. Por la enorme capacidad de vasija vinaria que poseía y también tenían gran valor las marcas de Giol que estaban acreditadas y se comercializaban con muy buenos resultados en todo el país.
Estado actual de la planta de Giol en Palermo, ciudad de Buenos Aires
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La licitación incluía la venta de: los inmuebles, las piletas y las vasijas, las maquinarias, los vehículos, las plantas de fraccionamiento ubicadas en distintos lugares del país entre ellas las de Palermo, Paternal, Junín y Bahía Blanca en Buenos Aires, las de Salta y Pichinal en la provincia de Salta, la de Barranqueras en el Chaco, la de San Miguel en Tucumán, las de Santa Fé y Rosario, la de Córdoba y Santiago del Estero y también las de Maipú, San Rafael y General Alvear en Mendoza, además de 17 fincas algunas de considerable extensión, asimismo alrededor de 180 vagones de ferrocarril con los que se realiza el traslado de vinos, alcoholes y mostos a granel, entre otros bienes muy valiosos. También comprendía el alquiler por 10 años con opción a comprar las importantes marcas de Giol (Canciller, Toro, La Colina, Diamante, etc.).
Luego de conocido el decreto de privatización, Gabrielli anunció que en la venta de las plantas iban a tener preferencia los que asociaran cooperativas y que la operación también incluía los pasivos de Giol, que los estimaba en alrededor de 30 millones de dólares - eran muchos más - de los cuales 18 millones de dólares eran deudas con los bancos oficiales de la provincia (Banco de Mendoza y Banco de Previsión Social) y el resto decía que era deuda comercial, previsional e impositiva.
El pliego de la licitación daba una bonificación del 20% sobre la oferta a los que se presentaran en forma de cooperativa. Gabrielli lo aprobó 24 días después que se había abierto la licitación. Dado el favoritismo demostrado en las operaciones de Giol con Blas Martínez, hubo un solo oferente: Cubas de Roble en sociedad con Fecovita.
El pliego de las plantas de fraccionamiento y de comercialización estableció un precio mínimo de australes 6.924.198.609 más el IVA, equivalente a 12.400.000 dólares. En cuanto al pago: debía integrarse como mínimo el 10% al contado, pudiendo ser abonado con vino o con mostos y el saldo hasta en 10 años, con distintas opciones de actualización, mas un interés del 7% anual sobre saldos.
Para el alquiler con opción a comprar las marcas de Giol, el mínimo precio fijado por el pliego fue de australes 7.461.202.627 más el IVA, equivalente a 13.400.000 dólares. El plazo establecido para el alquiler fue de 10 años con pago mensual del canon. También daba la opción a los oferentes de asumir el pasivo financiero de Giol con el Banco de Mendoza y con el Banco de Previsión Social.
Respecto de las marcas de Giol, todas ellas de mucho valor comercial, era inexplicable que fueran ofrecidas en alquiler y a un plazo tan largo como eran 10 años, con opción a 10 mas. ¿Qué pasaba si no se explotaban o eran mal administradas y perdían su prestigio?, como finalmente ocurrió.
Tampoco tenía explicación el precio base establecido por las plantas (12.400.000 dólares) y el de las marcas de Giol (13.400.000 dólares), o sea por un total de 25.800.000 dólares, cifra que era muy inferior al verdadero valor de los activos. Según el balance de Giol a esa fecha, el activo era de 112.800.000 dólares. El Directorio de Giol contrató a los contadores Barraco, Gómez y Acquaro para hacer la valuación de las plantas y de las marcas. El Contador Washington Acquaro era el Síndico de Cubas de Roble.
El 20 de Noviembre de 1989 se abrieron los sobres de Cubas de Roble-Fecovita, por las plantas y marcas, quienes ofertaron la base. El pliego establecía que la entrega del establecimiento se haría dentro de los 45 días hábiles posteriores a la adjudicación y que a esa fecha se labraría un "acta de corte" donde serían inventariados el activo y el pasivo comercial de Giol del cual los compradores se hacían cargo. Esos bienes no formaban parte del precio de la licitación.
Esto es, se hacía un inventario con los bienes de cambio (vino, mosto e insumos), de las cuentas a cobrar y demás bienes del activo y también se determinaban los pasivos comerciales a ese momento. La diferencia entre esos activos y pasivos, no integraban el precio de la licitación, y debía ser pagada al contado si era positiva y en caso de ser negativa, el Estado se hacía cargo. Con la cobranza de los deudores y con los bienes de cambio (15 millones de litros de vinos, mostos e insumos por mas de 2 millones de dólares) que les dejaron, los compradores abonaron lo poco de la parte del contado que cancelaron.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, su presidente avaló la adjudicación de Giol a Cubas de Roble, pese a que estaba en concurso preventivo
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El día 23 de Noviembre, o sea tres días después de la apertura de la licitación, Bordón creó una "ComisiónAsesora para la Adjudicación" y convocó a integrarla a representantes de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, de la CGT, de los partidos políticos y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
En los fundamentos del decreto, dijo que el objetivo era "garantizar a la comunidad la pureza y transparencia en los procedimientos adoptados en la licitación". Pero la mayoría de los convocados desistieron, por lo que finalmente la "Comisión Asesora" estuvo integrada por representantes del gobierno,solo dos legisladores del PJ y también por el Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
El informe de la "Comisión", avalado también por el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, fueron siete hojas donde relataban los pasos dados en la licitación, daban un listado de las cooperativas que componían Fecovita y de Cubas de Roble solo mencionaron su inscripción en el Registro Público de Comercio y la composición del último Directorio. No examinaron nada, incluso mintieron: al decir que revisaron los tres últimos balances de Cubas de Roble porque aportó uno solo y sin dictaminar, cuando dijeron que los oferentes habían aportado el convenio que ligaba a Cubas de Roble con Fecovita, cuando sostuvieron que ofrecían garantías de pago dentro de las opciones del pliego porque no ofrecieron ninguna garantía, y cuando afirmaron que Cubas de Roble no tenía antecedentes concursales, como también que no registraba embargos ni inhibiciones.
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El meduloso informe de la "Comisión" cuando analizó los antecedentes de Fecovita empleó cinco renglones para decir que la empresa gozaba de suficiente prestigio comercial, siendo que estaba recién constituída, y cuando se refirió a los antecedentes de Cubas de Roble, en diez renglones dijeron que "tenía muy buenos antecedentes comerciales" y que "no registraba antecedentes concursales". Cubas de Roble, tanto al momento de la adjudicación, como al momento de la entrega de la posesión, estaba en concurso de acreedores que levantaron recién el 21 de Agosto de 1991.
Los balances de Cubas de Roble, correspondientes a los ejercicios cerrados el 30-6-1986 y el 30-6-1987, que presentaron para la adjudicación de la destilería de Giol, mostraban una situación patrimonial insuficiente y resultados negativos según informó la propia "Comisión de Preadjudicación". Por su parte, el balance cerrado el 30-6-1988, que no lo aportó, arrojaba importantes pérdidas.
Para la licitación de las plantas y de las marcas de Giol, la única documentación que presentó Cubas de Roble fue un balance al 30-6-1989, sin certificar por Contador Público. Dicho balance exhibía Disponibilidades por $ 182.808 y un Pasivo Corriente de $ 1.641.251. O sea que tenía capital de trabajo negativo.
En cuanto a Fecovita, su único patrimonio era de australes 311,28 o sea 125,55 dólares y al ser una federación de cooperativas estas no respondían por las deudasde Fecovita, por lo que su responsabilidad patrimonial era inexistente.
A esas empresas Bordón les adjudicó un patrimonio de mas 100 millones de dólares por un precio de 25 millones de dólares a pagar en 10 años, sin que pagaran ni siquiera la parte de contado, sin ningún tipo de garantías ni avales y que la Provincia no va a cobrar nunca.
Los dirigentes gremiales de SOEVA, su secretario general había integrado la comisión de preadjudicación, denunciaron las anormalidades en la licitación y la parcialidad que había con Cubas de Roble (diario Los Andes 7-2-1990).
Cubas de Roble y Fecovita acordaron que Cubas de Roble se quedaba con todas las plantas ubicadas en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal y Fecovita las restantes plantas del país.
El 19 de Abril de 1990, les entregaron las plantas de fraccionamiento y comercialización. Bordón dijo que la deuda comercial de Giol sería amortizada por Fecovita y Cubas de Roble (eran los pasivos del "Acta de Corte" que Cubas de Roble nunca firmó), que la deuda financiera con los bancos de Mendoza y de Previsión Social sería cubierta con la venta de los activos y en cuanto a la deuda impositiva y previsional afirmaba que sería comprendida por la ley de emergencia económica y compensada con la Nación con la cual Mendoza tenía créditos emergentes de las regalías gasíferas y petrolíferas mal liquidadas.
Pero resulta que, si Giol le debía al Banco de Mendoza 35 millones de dólares y al Banco de Previsión Social 6 millones de dólares, la mayoría de esas deudas contraída por la irresponsable gestión del primer año de Bordón, mal podían cancelarse esas deudas con la privatización, que no cubría ni una parte de ellas y que por otro lado se percibiría en 10 años, si podía cobrarse alguna vez.
Juan Carlos Rubio, Director del Banco de Mendoza, publicó que la deuda de Giol superaba los 35 millones de dólares, cifra que representaba el 14% de la cartera total del banco y alertaba porque no se habían hecho las correspondientes "previsiones por riesgo de incobrabilidad". También dijo que Cubas de Roble y Fecovita no habían pagado la parte de contado, razón por la cual Giol no podía abonar siquiera sus salarios y debía ser asistida por el banco.
Los vinos desnaturalizados que se retiraron del mercado en el año 1988 habían generado un movimiento de mas de 60 millones de litros de alcohol, equivalentes a mas de 20 millones de dólares, que operó el Directorio de Giol, la mayoría en beneficio de las empresas de Blas Martínez. Por esos vinos, que habían entregado los productores, recibieron en pago títulos de la deuda pública provincial que se emitió para esos efectos (Tidavidem) por unos 25 millones de dólares y que podían afectarse a cancelar deudas por impuestos provinciales o cancelar deudas con los bancos oficiales por créditos de cosecha y acarreo o bien ser negociados en el mercado de valores. Para rescatar los bonos se creó un fondo de rescate que se integraba con el producido de una sobretasa a los despachos de vino a granel.
Pasó el plazo y ante la falta de rescate por parte del Gobierno de los cupones vencidos de los TIDAVIDEM, el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este convocó a los productores a suspender el pago de los impuestos provinciales. Esa entidad denunció que Giol recibió 490 millones de litros de vino para hacer alcohol, de los cuales vendió 290 millones de litros a destilerías y el remanente no se sabía dónde estaba. También denunciaron que el Gobierno en 30 meses debió recaudar unos 12 millones de dólares por la sobretasa para el fondo de rescate de los títulos, que se pagaron cupones por aproximadamente 5 millones de dólares y el saldo debió ser utilizado para rescatar anticipadamente los títulos y no se hizo. También revelaron que en Giol habían quedado 6 millones de litros de vino de cuota que se apoderaron Cubas de Roble y Fecovita.
Gustavo Gutiérrez
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Casi de inmediato de tomar posesión, Blas Martínez comenzó a vaciar Giol, rematando los vinos y los insumos. Gutiérrez lo denunció y Sancho le respondió que los compradores eran firmas muy respetables que estaban cumpliendo con todos los pagos exigibles en la licitación.
Cubas de Roble publicó una gran solicitada (diario Los Andes del 18-11-1990) detallando la solvencia económica del grupo, las importantes inversiones que pensaban hacer en Mendoza, hablando de su moralidad y honestidad empresaria, y negando estar vaciando la empresa o la posibilidad de presentarse en concurso ni quiebra. Sarmiento García dijo que estaban en tratativas con los bancos oficiales para cancelar su deuda con títulos de la deuda externa.
Lo que había ocurrido es que las empresas de Blas Martínez radicadas en Panamá habían sido intervenidas después de la remoción y deportación a los Estados Unidos del General Noriega por tráfico de estupefacientes. La intervención había sido como consecuencia de las relaciones de Blas Martínez con Noriega.
En Enero de 1991 el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) hizo una serie de procedimientos con la Policía Federal en la zona este por importantes falsificaciones de vinos. Los inspectores comprobaron, en una bodega en San Martín perteneciente a Giol, que era administrada por Fecovita, la falsificación de aproximadamente 3,5 millones de litros de vino tinto con colorantes artificiales, formulándose la correspondiente denuncia penal que quedó radicada en el Juzgado Federal N° 3 de Mendoza (Expediente N° 4.178).
A los pocos días el INV clausuró la bodega de Giol en Gutiérrez, también manejada por Fecovita, al comprobar la existencia de vinos blancos transformados en vinos tintos de mayor valor con el uso de anilinas colorantes artificiales prohibidas. Para más, la televisión española difundió el procesamiento de Blas Martínez por tráfico de divisas y de estupefacientes, como también por evasión de impuestos.
Cubas de Roble, cuyo gerente comercial era el hermano de Gabrielli, presentándose como sucesora de Giol, obtuvo un recurso de amparo en un juzgado de Buenos Aires contra la ley de fraccionamiento en origen y logró la autorización para fraccionar vinos en envases menores de 1 litro y mayores de 1,5 litros en lugares fuera de origen. Dicha ley había sido promovida por Bordón cuando era Diputado Nacional.
Las plantas de fraccionamiento ubicadas en la Capital Federal en realidad eran operadas por El Trébol SA cuyo dueño era Pérez Lamela , suegro de Rolando Porolli, vicepresidente de Cubas de Roble, a quién Blas Martínez le había comprado el paquete accionario de esa firma. También le había alquilado a El Trébol las marcas de Giol: Toro, Toro Viejo y Rey de Copas. Estas operaciones estaban prohibidas en el pliego de la licitación.
Mientras tanto la situación de Cubas de Roble se agravaba, sus cheques venían devueltos sin fondos y ya ni siquiera abastecía de vino a sus distribuidores,ocasionando con ello un gran desprestigio a las marcas de Giol que alquilaba. Las principales marcas (Canciller, Chancelot, La Colina y Toro Fino) habían desaparecido del mercado por no falta de comercialización.
Es mas, en la etiqueta de la marca Toro había sido tachada la procedencia "de Mendoza" y habían puesto en su lugar "de San Juan". Eso porque Cubas de Roble estaba comprando vinos de San Juan y los envasaba en la ex planta de Giol ubicada en Junín de la provincia de Buenos Aires (diario Los Andes del 28-7-1991).
A todo esto, habían pasado dos años desde la adjudicación y la destilería de Giol estaba paralizada en violación de las condiciones de la licitación, por lo que correspondía desadjudicar, pero Bordón y Gabrielli nada hicieron.
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Hacía mas de un año y medio desde que tomaron posesión de las plantas y las marcas de Giol y todavía no hacían la transferencia del fondo de comercio, ni habían pagado el contado. Cuando publicaron los edictos, las oposiciones y los embargos de los acreedores fueron cuantiosos y su levantamiento lo tuvo que afrontar la Provincia.
Tampoco habían constituido las garantías, ni suscripto las pólizas de seguros. Además no podían hacer el contrato de transferencia a Cubas de Roble porque estaba inhibida y en concurso de acreedores, y también porque los compradores nohabían pagado los bienes que recibieron en el "Acta de Corte" fuera de la licitación.
Cubas de Roble recién levantó su inhibición y clausuró su concurso de acreedores el 21 de Agosto de 1991. El 28 de Noviembre de ese año se reunió el Directorio de Giol con los compradores para suscribir el contrato de transferencia del fondo de comercio por las plantas. Pero en la escribanía discutieron los representantes de Cubas de Roble con los de Fecovita sobre lo que les correspondía a cada uno y se negaron a suscribir el contrato retirándose.
De la lectura del acta que se labró en ese acto, se extrae que el motivo del desacuerdo fue porque la compra fue hecha sin definir las relaciones entre los socios para el manejo de los bienes adquiridos. Lo cual contradecía al informe de la "Comisión de Preadjudicación", que hablaba de la existencia de un convenio entre las partes.
Pocos días después acordaron la cesión de Cubas de Roble a Fecovita de los derechos y acciones emergentes de la licitación. Fecovita asumió las deudas que había contraído Cubas de Roble desde la posesión, hasta la suma de 1.800.000 dólares. Dicho convenio fue promovido por el Gobierno y allí se estableció que las deudas que superaran la cifra convenida sería soportada por Giol y/o el Gobierno de la Provincia y/o el Banco Oficial que se designare. Pero resulta que ese convenio era ilegal porque el pliego de la licitación establecía taxativamente la prohibición de ceder los bienes adjudicados hasta tanto no estuvieran cancelados.
En Diciembre de año 1991 el Directorio de Giol resolvió desadjudicarle a Cubas de Roble y adjudicarle su parte a Fecovita, por sus incumplimientos. Pero Fecovita estaba en la misma situación, por lo que correspondía desadjudicar totalmente y llamar a una nueva licitación. El Estado Provincial jamás le reclamó nada a Cubas de Roble.
La nueva presentación en concurso de acreedores de Cubas de Roble:
A los pocos días de la desadjudicación Cubas de Roble pidió la formación de un nuevo concurso de acreedores. En el escrito de presentación dijeron que tuvieron que hacerse cargo de las plantas de Giol antes que se publicaran los edictos de transferencia del fondo de comercio por una imposición del gobierno porque Bordón quería mostrar el hecho político de la privatización de Giol, que el gobierno no quería publicar edictos y que el trámite de la transferencia del fondo de comercio se inició a instancias de ellos, que así lo exigieron porque el pasivo de Giol superaba los 60 millones de dólares como quedó demostrado en las oposiciones, que cuando los citaron a firmar la transferencia a la escribanía lo hicieron pero que no lo quiso hacer Fecovita ni tampoco firmó Giol, que fueron desadjudicados subrepticiamente, que Fecovita recibió las plantas de Buenos Aires sin publicar edictos y sin hacer reserva alguna que las asumía libres de pasivo tal como lo prescribe la ley de transmisión de fondos de comercio, que por lo tanto Giol mal pudo resolver un contrato que no suscribió, que lo único que hizo Giol fue dejar sin efecto el acto administrativo de la adjudicación de la licitación, de modo que eran administradores de bienes de terceros porque nunca fueronpropietarios de los bienes licitados de los que solamente recibieron la posesión ya que jamás se suscribió el boleto de transferencia del fondo de comercio y tampoco existía inscripción de la transferencia en el Registro Público de Comercio, ni le hicieron las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles, que por lo tanto no denunciaban el pasivo generado por la explotación de las plantas en Buenos Aires ni tampoco incorporaban como activo en su presentación las plantas de las que fueron despojados, porque el pasivo sigue la suerte del activo que lo generó y por lo tanto como administradores de bienes de terceros o sea de bienes pertenecientes a Giol lo único que cabía era rendir cuenta de esa administración. O sea desconocieron la deuda.
Para completarla solicitaron la restitución de 2.500.000 dólares que decían les debía el Estado Provincial que surgían: 1.800.000 dólares que aportaron y que al desadjudicarle le imputaron ilegalmente a Fecovita, el pliego que hicieron a su medida nada decía de pérdida de los aportes en caso de rescindirse la licitación, y 700.000 dólares reclamaron por compras de vino que que le hicieron a Giol y según ellos nunca recibieron.
Martínez de Villena, también perteneciente al grupo de Blas Martínez, de igual modo solicitó su concurso de acreedores denunciando un pasivo de 4.237.000 dólares y un activo de 1.965.000 dólares.
Sancho, que para ese entonces ya no era el presidente de Giol porque había sido promovido al cargo de Superintendente General de Irrigación, dijo que la convocatoria de Cubas de Roble no afectaba en nada a la Provincia y que los pagos que esa firma hizo quedaron para el Estado, que había hecho muy buen negocio con eso.
Lo cierto es que la Provincia no cobró nada por la venta de Giol y que tuvo que hacerse cargo de los enormes pasivos que generó Cubas de Roble.
Sobre la denuncia penal:
Rodolfo Cavagnaro presentó una denuncia penal por los incumplimientos de los compradores quedando radicada en el juzgado de Alberto Iacomazzi, a la cual se agregó una denuncia del Senador Gutiérrez. Al poco tiempo de que Iacomazzi se avocara a la investigación, sugestivamente fue ascendido a Fiscal de Cámara, quedando así el juzgado vacante y la causa paralizada por mas de dos años. Hasta que por radicación en ese juzgado del asesinato de Armando Neme y por su repercusión, el Gobierno se vió forzado a designar juez e impulsaron el nombramiento de Pedro Funes, quién era asesor legal del Banco de Mendoza y como tal hizo el dictamen jurídico de la vinculación de Cubas de Roble, ocultando la situación concursal de esa firma.
Por su parte el fiscal Adelmo Argüello, que había actuado diligentemente en la investigación, por una reestructuración de fiscales fue removido de la causa y destinado a otro juzgado. En su lugar fue designado el fiscal Alberto Camargo.
Posteriormente se presentó Sancho y pidió su sobreseimiento, que rápidamente le fue concedido por Funes sin investigar nada, en un aberrante fallo que el fiscal designado a esos efectos no apeló.
Después de dictar esa sentencia Funes fue ascendido a Camarista del Crimen.
